Tras la demanda judicial entablada por MarÃa Eugenia Vidal
El fiscal de Estado expuso en Diputados sobre el conflicto por la coparticipación
12/09/2017. El fiscal de Estado de la provincia, Dr. Julio Rodríguez Signes fue convocado en el día de hoy martes en un primer encuentro por la prensa en la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno y posteriormente por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, y la de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados provincial para explicar sobre la situación generada por el reclamo judicial de la gobernadora María Eugenia Vidal para incrementar el fondo del conurbano bonaerense. El funcionario destacó la oportunidad de discutir este tema en la legislatura y brindó detalles de la causa. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando reciba todas las contestaciones de las provincias se va a dar cuenta que este tema es imposible de abordar judicialmente, es un tema no solamente de derecho del Congreso de la Nación sino de derecho intrafederal. Creo que lo más lógico sería suspender los plazos como hicieron con las provincias de Santa fe y San Luis en su momento”, interpretó el fiscal.
En su exposición Rodríguez Signes explicó que "la demanda que plantea la provincia de Buenos Aires es contra el Estado Nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dispuso citar como terceros a las provincias, dado que el excedente del techo de los 650 millones de pesos se distribuye entre las 22 provincias excluida Buenos Aires. Formalmente es el Estado nacional el demandado pero materialmente la pretensión va en contra de las provincias”.
Se sabe que Entre Ríos fue una de las primeras provincias notificadas y tiene tiempo hasta el 27 de septiembre para contestar. En este sentido argumentó que lo complejo del tema en discusión de la coparticipación argentina es que no se determina por leyes del Congreso de la Nación, sino con un tratamiento especial. “Es a partir de pactos entre las provincias con el Estado nacional y entre las provincias entre sí. Y esos pactos necesariamente deben ser aprobados por el Congreso y por las legislaturas provinciales. La ley 23548 es la verdadera Ley de Coparticipación la vigente, todas las demás son pactos fiscales que fueron declarados inconstitucionales (en el 2015) y el resto son asignaciones específicas. Lo que plantea la provincia de Buenos Aires es una asignación específica, con lo cual no puede modificar el régimen de coparticipación indefinidamente” aseveró luego al tanto que enfatizó “todas las asignaciones son inconstitucionales, Ese argumento del Estado nacional lo comparto y nos viene bien para la estrategia que pensamos instalar”
En este marco es preciso recordar que desde el año 1988 cuando se dictó la Ley 23548 estableció una distribución del 42, 34 por ciento de impuestos coparticipables para Nación y el 54,66 por ciento para las provincias.
Más adelante en su análisis el fiscal dijo que preocupa la medida cautelar interpuesta. “Tiene dos pretensiones: la principal dice que no se aplique el techo de los 650 millones de pesos y la segunda es que se retire el techo de los 650 millones de pesos y se incluya a la provincia de Buenos Aires como una más entre las provincias que recibe esa asignación del 10%”.
Otro argumento importante para nosotros es que en la Ley de Coparticipación Federal es que la provincia de Buenos Aires tiene una asignación del 1,57% de la masa coparticipable. Y esto sí es Derecho Intrafederal”, sostuvo.
Para concluir, el funcionario reconoció: “Es la primera legislatura la de la provincia de Entre Ríos que se reúne a tratar el tema previo a contestar la demanda. Hay que aprovechar este espacio para discutir todo”.
