La provincia logró evitar el pago de 40 millones de pesos en una causa judicial
20/02/2017. La intervención de la Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos logró evitar el pago de 40 millones de pesos en concepto de honorarios a los peritos que intervinieron en la causa Ingenio Azucarero de Victoria. “Se realizaron todas las presentaciones judiciales necesarias para defender el patrimonio de la Provincia, proponiendo bases económicas inferiores e impugnando la pericial y las pretensiones de la contraria” “explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
El largo proceso judicial en cuestión derivo del cierre y posterior estatización del la Compañía Azucarera y Alcoholera Soler SA que se estableció en Entre Ríos en el año 1986, durante el primer mandato de Sergio Montiel. Para arrancar los empresarios tucumanos obtuvieron crédito de bancos del gobierno de Tucumán Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, pero a los dos años presentaron quiebra, la que se tramitó en los tribunales de la Provincia. En ese momento el Estado se presentó como uno de los principales acreedores y logró quedarse con la planta, ubicada en la zona costera de Victoria, según la resolución que adoptó entonces el Juzgado Civil y Comercial Nº 8.
Este último proceso judicial era la disputa de los honorarios de los peritos que intervinieron.”El Juez falló a favor de la provincia ya que se “desestimó el valor de un Ingenio Azucarero en funcionamiento como base económica, y asumió que debía tomarse el valor de la subasta anulada, que con intereses conforme tasa pasiva, era de $ 8.810.143,94”, valor tomado al 13 de abril de 2016”, explico Rodríguez Signes.
Un litigio que duro varios años
A la vez que se cerraba la causa que derivó en la estatización de la planta de Victoria, en Tucumán se abría otra causa que consiguió declarar nula esa subasta en la cual la Provincia resultó adjudicataria del ingenio. La discusión, entonces, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, diez años después de la quiebra del ingenio azucarero, declaró “inadmisible” el recurso de queja del Estado provincial.
Con esa resolución de la Corte, el predio de Victoria debió volver a subastarse: otra vez lo tomó la Provincia, y en 2007 el predio fue entregado a un privado. Pero en la Justicia de Tucumán siguió tramitándose un juicio derivado del principal: a través del cual se reclamó el pago de honorarios a los peritos.
La provincia acaba de cerrar un litigio que llevaba varios años, en distintos procesos vinculados a una demanda, iniciada en el año 1994 contra la Compañía Azucarera y Alcoholera Soler por Ejecución Prendaria e Hipotecaria. Ese proceso, donde la provincia procuraba hacer efectivas las garantías que la Compañía oportunamente le diera, fue inicialmente promovido en la ciudad de Paraná y remitido luego a la ciudad de Tucumán, como consecuencia del proceso de quiebra. Como consecuencia de ese proceso, se iniciaron una serie de incidentes, resultando el incidente de nulidad de subasta uno de los más significativos en cuanto a su trascendencia económica.
El fiscal de Estado Dr. Julio Rodríguez Signes remitió al Poder Ejecutivo el texto propuesto para modificar la Ley 7060 de Procedimiento Administrativo, que fuera ampliamente avalada en el reciente XII Congreso Provincial de Derecho y VI Congreso Entrerriano de Derecho del Trabajo que se llevó a cabo en Concordia entre los días 20 y 22 de Octubre pasado. “Las innovaciones tienen que ver en general con regular los elementos esenciales de lo que se denomina el acto administrativo: el régimen de invalidez de los actos administrativos, el tema de los recursos, de los mecanismos de impugnación, las falencias en el tema de las notificaciones, la digitalización del expediente administrativo entre otros puntos. Esto implica en términos muy amplios, nada más ni nada menos que el modo en que se conduce la administración”, explicó el funcionario.
Particularmente, se discutía la validez de la subasta ordenada en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos. En ese incidente judicial, el síndico del concurso y su abogado pretendían fijar como base económica del litigio el valor del ingenio azucarero “recuperado” para la quiebra en su entendimiento, tras la sentencia favorable respecto de la nulidad de subasta, habiendo hecho varias presentaciones en ese sentido en la ciudad de Tucumán, donde tramita el juicio. Así las cosas, en el mentado incidente se llegó a proponer, a instancia de los beneficiarios de los honorarios, la intervención de un perito que fijó la base económica en la suma u$s 35.000.000).
La cifra surgió de la tasación de un ingenio azucarero en pleno funcionamiento en la República Oriental del Uruguay. La Provincia rechazó esa pretensión, porque en ese caso se hubiese visto en la obligación de pagar honorarios del orden de u$s 1,5 millón.
