Rodriguez SÃgnes: "El sistema previsional es el principal problema que tenemos"
El fiscal de Estado abordó distintos temas en que atañen a la administración pública y los recursos de la provincia. En una entrevista con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) refirió la cantidad de causas que afronta el Estado entrerriano y los millones de pesos en demandas que se reclaman y que se pagan. Aseguró que en la provincia hay causas por corrupción como en ninguna otra, y que el déficit de la Caja de Jubilaciones debe ser abordado entre los distintos actores.
—Usted asumió como fiscal el 1° de febrero de 2008 ¿no está un poco cansado?
—No, estoy bien en el sentido que disfruto del trabajo que hago, no es una carga en absoluto. Creo que hay muchas cusetiones de la provincia que uno las entiende con le paso del tiepo, sobre todo los puntos débiles que tiene la estructura financiera y presupuestaria de la provincia, y creo que tengo tareas pendientes por hacer todavía. Además de la defensa en juicio, que es mi trabajo.
—Cuando usted llega se tomó como un gesto de amplitud de Urribarri en el sentido que tomaba a alguien que venía del radicalismo. Hoy tiene más relación con el oficialismo gobernante que con sus partidarios.
—La relación es producto de que uno después de 13 años de trabajo necesariamente el fiscal de Estado trabaja con el gobernador, con los ministros, y desde 2003 para acá fueron gobiernos justicialistas, no es que yo tengo una preferencia por uno u otro. Yo hoy en día no tengo afiliación partidaria. Trabajo como fiscal de Estado y el vínculo es por mi trabajo, ni ideológico, ni de amistad, ni siquiera de simpatías, es la consecuencia natural de la función que cumplo.
—¿Cuántas causas contra el Estado está llevando adelante
—El promedio está entre las seis y siete mil causas. Algunas incluyen el Estado como actor, cuando demanda. En total tenemos 54 abogados, tenemos un delegado en cada Departamento de la provincia y también en la Ciudad Autónoma porque la provincia también tiene juicios en la Capital Federal , sobre todo los que se tramitan en la Corte. Y también la provincia está demandada en todos los departamentos.
—¿Cuál es la causa de mayor reclamo millonario que tiene hoy el Estado provincial?
—La causa más importante de todas fue la del fondo del conurbano, pero terminó con un consenso fiscal. El reclamo que hizo la provincia de Buenos Aires por los fondos del conurbano bonaerense, fue una causa de miles de millones de pesos, se celebró un consenso fiscal por el cual la provincia de Buenos Aires desistió.
—¿Y la más antigua?
—La de la letra 009, todavía sigue, una cosa increíble. Más que nada nosotros nos defendemos de la posibilidad de que alguien aparezca con esa letra que no es otra cosa que un pagaré. Un caso tremendo por la negligencia con la que se trabajó.
—¿Cuánto ha perdido el Estado en estos 13 años que lleva usted?
—Tengo los números del año 2020. Este año pagamos exactamente 432 millones de pesos en juicios. Por lo general ese es el promedio. Pero defendemos por mucho más, esto debe ser la décima parte de lo que se le reclama a la provincia en juicio. Puedo asegurar que como mínimo hay seis o siete mil millones de pesos en reclamos.
—Me preocupa que hay falta de transparencia, porque no se avanza, que sigamos sin una Ley de ética pública ¿Por qué?
—La Ley de ética pública es una disposición de la reforma constitucional del año 2008, pero yo no creo que sea “el” tema, porque hay una ley de ministerios, la Ley orgánica del Poder Judicial, el estatuto del empleado público que establecen compatibilidades.
—Acá seguimos sin lo que se acordó en la Constitución del 2008 respecto de la oficina anticorrupción ¿Por qué les cuesta tanto a los legisladores y a los gobernantes?
—Hay tareas y responsabilidades que son de la Legislatura. Ayer se conoció que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de expediente electrónico. Aunque eso aparezca como un tema muy técnico, le puedo asegurar que eso tiene una repercusión en la transparencia y de celeridad enorme. El control que se puede realizar a partir del expediente electrónico es muy intenso en los dos niveles. De la Ley de ética pública la verdad que no es un tema que esté en carpeta. Pero por ejemplo en el tema de la oficina anticorrupción o de la función del Ministerio Público Fiscal en esa materia, yo creo que lo cumple plenamente, más allá de que no se haya reglamentado legal o legislativamente la figura del fiscal de los delitos contra la administración pública. Sé que hay proyectos como el del diputado Zavallo. Pero la verdad es que el Ministerio Público Fiscal funciona. Yo lo veo diariamente. Nadie puede decir que en la provincia de Entre Ríos el MPF no ejerce la función. No hay ninguna provincia con tantas causas por delitos contra la administración pública, yo soy vicepresidente del foro de fiscales, no hay ninguna provincia en la que haya tantos casos, no porque sean más en Entre Ríos, sino porque funcione el MPF como funciona acá. Por empezar hay pocas provincias que tengan el sistema acusatorio con tanta potestad del MPF en materia de investigaciones penales. Y en esta funciona. Me parece que podemos ponerlo en el haber.
—¿Y cómo están en la causa de los contratos truchos legislativos? Me preocupan todos los movimientos de estos últimos dos años par que se cayera la causa.
—La Fiscalía de Estado está interviniendo como actor civil. Una decisión que tomó el fiscal de Estado y el gobernador fue incorporarse como actor civil en esa causa, nosotros difícilmente nos incorporemos como actor civil, en la causa Allende fuimos como parte invitada al proceso, sí nos constituimos en la causa de las compensaciones de ATER, ahora en la de la Caja de Jubilaciones en el problema de las liquidaciones, y en esta de los contratos por la significación económica. En términos de daño sufrido por la provincia esta es la causa más importante, por decisión de la Fiscalía y del gobernador de la provincia. Entonces hay una señal ahí.
—Está demorada la causa por la pericia contable pedida por los defensores.
—Eso lleva su tiempo pero además hubo una primera pericia que había hecho el contador Enrique, que se planteó su validez y entonces se anuló esa pericia y se determinó que tenía que hacerla un perito designado no por el MPF sino por el Superior Tribunal de Justicia.
—Me preocupa que en la Legislatura no hayan cambiado las cosas que se observaron en esta causa.
—Hay demora en entrega de documental pero hay mucha prueba.
—Pero ¿Por qué cada legislador no muestra quiénes son los contratados como se hace en el Congreso de la Nación? Pasaron dos años y no se hizo.
—Yo fui presidente de la Cámara de Diputados y publicaba la lista de gastos. De todas formas eso es información que está recibiendo el grupo de peritos.
—¿Qué pasa con la liquidación de LAER? El gobierno de Entre Ríos no tiene avión sanitario.
—LAER es un tema complejo para la provincia, que francamente ahí sí hemos perdido mucho dinero, han habido malas decisiones, varios millones de dólares por pésimas decisiones de distintos gobiernos, peronistas y radicales. Hemos perdidos varios aviones. Yo en particular no estoy de acuerdo con la liquidación, más allá que jurídicamente el objeto de LAER era realizar vuelos y no los está haciendo por lo tanto es una sociedad que no cumple con su objeto. En lo personal creo que LAER debería reconvertirse, reformar su estatuto, tener un avión sanitario y el hangar que tiene en el aeropuerto que es importante, utilizarlo como taller para reparación de aeronaves porque ahí hay una estructura humana de ingenieros, de mecánicos, de gente de LAER que es útil y están cobrando su sueldo. Hoy gran parte de la administración pública está en una situación de semi receso. El gobierno tomó la decisión de liquidarla. Creo que está a punto de definirse. Pero la provincia necesita un avión sanitario a gritos. Entiendo que es una decisión que el gobernador tiene que tomar.
—Usted entró en la causa de los jubilados y amas de casa fallecidos que siguen cobrando. El presidente de la Caja de Jubilaciones dijo que siguen apareciendo jubilados y de 18 pasamos a 30 millones.
—Porque el sistema de información de baja de jubilados que fallecen en otras jurisdicciones es pésimo. Entonces hay tres situaciones. Una es el sumario administrativo en marcha para determinar responsabilidades administrativas, después hay una auditoría del Tribunal de Cuentas para determinar el perjuicio económico, y hay una causa penal en la que nosotros estamos presentados como actores civiles, y el Ministerio Público Fiscal ejercita la acción penal. Eso no solamente pasa en la Caja de Jubilaciones, el sistema de tramitación de expedientes en la administración pública es viejísimo, por eso le digo que el pasaje al sistema de expediente electrónico debería resolver un montón de falencias. Pero ese sistema el presidente actual lo está atacando a fondo, existe la posibilidad que aparezcan más, pero el presidente lo está resolviendo. El sistema previsional entrerriano, yo diría que es el principal problema que tenemos, en cuanto a la administración, tenemos un déficit de 18 mil millones, y con esto no quiero echarle la culpa a los jubilados ni a los activos, no es responsabilidad del afiliado.
—¿A qué sería el equivalente 18 mil millones?
—A la facturación eléctrica de todas las distribuidoras eléctricas de la provincia. Creo que hay que ser muy serios, decir la verdad. El presidente de la Caja planteó la modificación de la compensación de servicios por año en los regímenes especiales, y salieron todos los sindicatos a cuestionar la decisión, esa y otras más. Yo creo que hay que hablar en serio del sistema previsional, porque la Caja como organismo funciona bien, pero la Ley no. Hay 55 mil jubilados y 110 mil activos, dos por uno, el sistema debería haber como mínimo cuatro por uno, ese es el principal problema. No es un tema del gobernador, que lo planteó en febrero en el último discurso, y el presidente de la Caja hoy está activando algunas reformas puntuales pero importantes. El tema es poner al descubierto el problema que tenemos y que los actores sindicales, centros de jubilados, se predispongan a debatirlo, porque no es justo que toda la provincia tenga que asistir este sistema. De la noche a la mañana no se puede, pero sí que sucesivas gestiones lo vayan modificando. Por eso a la Ley de emergencia la defendemos mucho judicialmente porque tiende a empezar a resolver el problema.
