En el marco del �Plan de regularización dominial de tierras fiscales�
La Fiscalía de Estado promovió acciones para el recupero de importantes tierras en Islas Las Lechiguanas
23/09/2016. El Dr. Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos presentó en estos días dos demandas de lesividad con el objetivo de recuperar importantes fracciones de tierras ubicadas en las Islas Las Lechiguanas del departamento Gualeguay. La acción fue promovida contra la firma Dani Maderas S.A. y Chiocci Horacio - Chiocci Carlos, en el marco del “Plan de regularización dominial de tierras fiscales” que viene desarrollando la provincia en forma activa.
El fiscal de Estado sigue promoviendo acciones para recuperar tierras fiscales, bienes de dominio público que han sido adjudicados a privados para su explotación en forma irregular, defendiendo el patrimonio de los entrerrianos. “La provincia no vende un centímetro de tierra, no resigna la titularidad de las tierras fiscales sino que trata de aprovechar productivamente grandes extensiones hoy casi abandonadas, cuando no usurpadas de modo ilegal” sentenció Rodríguez Signes.
En esta oportunidad, se iniciaron dos demandas de lesividad buscando la nulidad de los decretos que promovieron la venta y adjudicación de tierras a particulares, sin soslayar que tal decisión fue tomada durante un gobierno de facto en el año 1980.
Los demandados son en este caso Dani Maderas S.A. y Chiocci Horacio - Chiocci Carlos, quienes fueron beneficiados en su momento con miles de hectáreas en las Islas Las Lechiguanas, departamento Gualeguay. “Estamos trabajando desde el 2008 en esta cuestión para que no queden desprotegidos nuestros recursos naturales más preciados, como son la tierra y el agua” remarcó el fiscal de Estado.
Estas acciones se enmarcan en el “Plan de regularización dominial de tierras fiscales”, que fue dispuesto en el año 2010 a través del decreto Nº 1186, en pos de una política de recuperación basada en la naturaleza jurídica de los bienes del dominio público. La problemática deviene del gobierno de facto quien dispuso a través del Decreto Ley Nº 6.047/77 adjudicar tierras dominiales por venta en la licitación pública, sin ajustarse a los límites impuestos por la legislación que regula la materia y sin resultar acorde a los intereses del Estado Provincial.
